Por Héctor O. Fajardo/
Agobiados por las amenazas cumplidas de Donald Trump, los miembros del gobierno federal descuidan cada vez más la política interior de la nación. En 48 horas, la administración de la 4T aceptó militarizar la frontera norte para impedir el paso de indocumentados y de drogas, sobre todo de fentanilo, y de facto México se convirtió en tercer país seguro para los trashumantes extranjeros deportados. La soberbia e inexperiencia en la administración pública, sobre todo en política exterior, hizo que vieran con desdén las promesas de campaña del republicano y no previeron una estrategia para contrarrestar los efectos negativos de las primeras medidas antimexicanas del nuevo inquilino de la Casa Blanca.
Tal vez por eso y porque el proyecto político de otro sexenio populista solo contempla el manejo electorero de los programas sociales para administrar la pobreza, no existe un plan sexenal que defina políticas públicas para atender los grandes problemas nacionales como la gobernabilidad, la seguridad pública, la salud y el basto de medicamentos, la educación de calidad, las inversiones, el crecimiento y la generación de empleos, entre otras demandas ciudadanas. A la mayoría de los mexicanos, incluida la clase media, la tienen contenta con las pensiones de los viejitos y las mujeres no tan viejitas o las becas para los ninis, a quienes no les importa el futuro inmediato ni las consecuencias de los yerros de una burocracia que solo tiene ambiciones políticas y no sabe o no puede gobernar. Sin contrapesos constitucionales y un abyecto Poder Legislativo, nos acercamos a un régimen totalitario.
Distraídos en el affaire con los gringos, las autoridades han descuidado a sus gobernados. Más por obligación que por convicción, el Estado mexicano tendrá que disponer de miles de millones de pesos para desplazar a los diez mil soldados en los más de tres mil kilómetros que compartimos con los americanos. No solo es la logística militar, sino atender las necesidades de los miles de deportados que, antes de ser enviados a sus países de origen, tendrán que ser alimentados, proporcionales un techo y darles atención médica por meses. Asimismo, tendrá que convencer al gobierno americano que en el plazo perentorio de un mes frenará el tráfico de fentanilo y que ahora sí combatirá al crimen organizado, además de permitir el uso de la inteligencia norteamericana para cerciorarse de que se están cumpliendo los acuerdos y que se va en el rumbo correcto para recobrar la gobernabilidad y que se respete el Estado de Derecho.
Pero también hay otros apremios, como es el peligro de caer en una recesión por falta de crecimiento, la dependencia del comercio informal ante la falta de empleos formales y bien remunerados, el recelo de los inversionistas extranjeros ante la falta de certeza jurídica. No solo es el tema económico, tampoco hay rumbo en las políticas de desarrollo social. Sigue el colapso en el sistema de salud pública, no aseguran el abasto de medicamentos y son insuficientes las clínicas y hospitales para atender la demanda de derechohabientes y población abierta. En concordancia con el objetivo de acabar con los “aspiracionistas” se propone una educación mediocre sin exámenes de admisión, ya que lo que quieren no es formar profesionistas altamente capacitados para atender las demandas de un mundo cada vez más globalizados, sino mano de obra barata que no cuestione el status quo. La pobreza como destino manifiesto.
El gobierno mexicano, lejos de marcar agenda, permite que sea la administración de Trump la que imponga las políticas públicas nacionales, no solo en materia migratoria y de narcotráfico, sino en la seguridad pública misma y en materia económica; ya vimos que la amenaza de los aranceles pende como espada de Damocles sobre nuestra economía, la cual se acerca peligrosamente hacia la recesión, Definitivamente estamos en manos de los gringos por falta de un plan sexenal en materia de política interior.
